CATÓLICOS AGRAVIADOS

SE anuncian movilizaciones, apoyadas por las diócesis, a cargo de los católicos que se sienten agredidos por el laicismo militante que practica el Gobierno socialista. Estamos en presencia de una extraña ofensiva en materias tan delicadas como la enseñanza de la Religión y el matrimonio de homosexuales; en el horizonte próximo puede alcanzar también al derecho a la vida (aborto y eutanasia) e incluso a la financiación de la Iglesia. Se trata de una política errónea desde el punto de vista ideológico, puesto que reabre viejas heridas cerradas felizmente desde la Transición. Resulta además sorprendente y profundamente injusta, si atendemos a criterios sociológicos, ya que la Iglesia y los movimientos vinculados a ella realizan una labor fundamental en favor de los grupos menos favorecidos, en ámbitos tales como la inmigración, los enfermos y los marginados. Al tiempo, el Ministerio de Justicia anuncia acuerdos con otras confesiones religiosas, aunque luego -como es costumbre- rectifica a medias. Estas medidas son, por supuesto, muy respetables, pero afectan a sectores minoritarios; de ahí que muchos católicos se consideren agraviados y reclamen la aplicación estricta del artículo 16 de la Constitución, que establece un Estado aconfesional pero no laico y exige que los poderes públicos mantengan relaciones de cooperación especial con la Iglesia católica, reconociendo así una abrumadora realidad histórica y cultural.

La jerarquía eclesiástica ha reaccionado con prudencia y buen sentido, evitando atizar una hoguera que podría desembocar en una peligrosa fractura moral. Pero el clima de indignación se extiende en muchos sectores de base. En una sociedad poco vertebrada, como es la nuestra, la Iglesia cuenta a su favor con una organización estable y diversificada, capaz de movilizar a muchos miles de personas en las iniciativas que ya se anuncian, tales como recogida de firmas o una gran manifestación en defensa de la libertad de enseñanza. No se debe atribuir estas actuaciones a la búsqueda de privilegios ni mucho menos al interés de grupos de poder social o económico. Los números no mienten y la realidad demuestra que son las clases medias -en el más amplio sentido- las que prefieren la enseñanza concertada y exigen para sus hijos una instrucción religiosa como expresión de valores enraizados en la mentalidad colectiva.

Nadie discute que en el Estado democrático contemporáneo las leyes aprobadas por el Parlamento expresan la soberanía popular. Pero ello no justifica, como a veces se pretende, el deseo de reducir al silencio la voz de los obispos o, en general, la opinión de los creyentes. Sería una discriminación intolerable, contraria a la imagen que transmite de sí mismo un gobierno que se proclama intérprete de la voluntad general. Sin embargo, el propio Rodríguez Zapatero habla, con lenguaje impropio de un presidente del Gobierno, del progresismo frente a los «carcas» y circula por ciertos ambientes una supuesta «hoja de ruta» para orientar la política en un sentido que se dice laico y que es, en rigor, anticatólico. Por lo demás, llama la atención que entre los ideólogos del nuevo enfoque se encuentre uno de los ponentes de la norma fundamental, que durante años ha manifestado públicamente su posición sobre la compatibilidad entre socialismo y cristianismo. Algunos sectores del PSOE próximos a los movimientos católicos de base han manifestado su contrariedad y alertan sobre la pérdida de votos que todo esto podría suponer en futuras elecciones. Sin embargo, predomina por ahora una concepción ideológica militante, que busca quizá una bandera común para atraer a las diferentes y heterogéneas formaciones de la izquierda española. El rechazo a las medidas anunciadas debe ser motivo de reflexión para un Gobierno que pretende consolidar su precaria mayoría a base de la yuxtaposición de múltiples minorías, en perjuicio de una sociedad moderna que ha sabido superar viejas querellas