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‘A PROPOSITO
DE LA POLÉMICA ACTUAL CON EL GOBIERNO’
Declaración
IGLESIA DE BASE DE MADRID
MADRID.
ECLESALIA, 10/11/04.- Como no ocurría hace tiempo, se ha comenzado a
hacer pública una alarma: el Gobierno actual estaría atacando a la Iglesia
católica. Esta actuación del Gobierno sería arbitraria e inmoral y, por lo
mismo, hay que protestar y rechazarla. Unos católicos perciben la
situación actual así, como una intromisión y agresión del Gobierno
socialista, cierran filas con sus obispos y están dispuestos a oponerse a
sus medidas con diversas acciones. Otros católicos ven bien las medidas
del gobierno, tachan a estos católicos de reaccionarios y nostálgicos, de
querer volver a tiempos anteriores, defendiendo privilegios innecesarios y
anacrónicos de la Iglesia católica, y de haber callado y no hecho nada
ante acciones mucho más graves del Gobierno anterior. El resto de los
ciudadanos, muchos por lo menos, se indignan por las protestas de la
Iglesia católica, pues no ven en ellas sino la voluntad de seguir
doblegando a sus normas al poder político, y de preservar la situación de
privilegio que siempre ha tenido.
¿Podemos aducir razones que nos muestren de qué parte está la verdad en
este caso?
Nosotros pensamos que el Gobierno socialista prometió en su programa
electoral incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una serie de
realidades sociales que no estaban contempladas ni reguladas por la ley,
tales la violencia ejercida sobre la mujer, la convivencia de personas
homosexuales, la agilización de los casos de divorcio, el aborto, etc. Se
trata de personas o ciudadanos que viven situaciones reales y que exigen
se les de una respuesta desde la ley, reconociéndoles los derechos que les
correspondan. Los derechos humanos son precisamente el fundamento de
nuestro sistema constitucional. Y es deber del Estado velar y promover el
cumplimiento de esos derechos y lograr una legislación que los haga
efectivos para todos, sin discriminación.
Dentro de la Iglesia católica hay posiciones diversas: unas que concuerdan
con las tomadas por el Gobierno y otras que no. Existe también la posición
de otras Iglesias y la de otros ciudadanos que declaran no pertenecer a
ninguna Iglesia o ser ateos.
El Estado, como aconfesional que es, tiene que atender a esta pluralidad y
diversidad de posiciones, tratando de no identificar su legislación con
las preferencias, creencias o principios de una de estas posiciones. Debe
legislar mirando al hecho común que une e identifica a todas como
portadoras de una misma realidad: la dignidad humana y sus derechos. Ahí,
coinciden todas y todos, hay un común denominador que engloba a todos y
que, respetándolo, hace posible un justo Derecho y una pacífica
Convivencia.
Las realidades de orden humano y social, que trata de incorporar al
ordenamiento jurídico el Gobierno actual, pertenecen a este nivel y debe
abordarlas de acuerdo con lo que dicta la búsqueda y experiencia humanas,
la ética, la filosofía y las ciencias humanas. Un enfoque epistemológico
que sea comprensible y aceptado por todos. Sin privilegios ni
discriminación para nadie.
Tal enfoque no presupone marginación o limitación de los derechos de
ninguna religión, y menos de la Católica, sino establecer una derecho
básico, válido para todos. Sobre esa base, cada religión es libre de
ofrecer su credo particular y asegurarlo con los medios a su alcance, en
los espacios y momentos que considere más oportunos. Pero esa oferta,
deberá hacerse salvaguardando el derecho de todos, sin menoscabo,
discriminación o coacción de nadie. Y esa es la misión del Estado, que
deberá llevarla a cabo en atención directa a cada grupo y al más global de
la sociedad |