Desde hace muchos años las organizaciones de la discapacidad venimos desarrollando la función de prestar atención y apoyo a las personas con discapacidad para mejorar la calidad de sus vidas y de sus familias. Nos mueve la consecución real de los derechos de las personas con discapacidad como ciudadanas y ciudadanos que son.
Quienes formamos la Mesa por la Discapacidad, somos entidades sin ánimo de lucro que gestionamos los centros y ofrecemos servicios y programas para personas con discapacidad intelectual. Nuestra financiación depende, en su mayor parte, de los conciertos y las subvenciones que recibimos anualmente de la Generalitat Valenciana y de otras administraciones locales; pero también de los recursos económicos privados que cada entidad consigue de familias, socios colaboradores y fundaciones sociales diversas.
La Generalitat nos adeuda más de 15 millones de euros, sólo de la Consellería de Bienestar Social, a lo que hay que sumar la deuda de las Consellerías de Educación, Sanidad o Empleo, que han puesto a la inmensa mayoría de las entidades al borde del colapso. El incumplimiento por parte de la Generalitat de la financiación comprometida con las entidades ha obligado a éstas a un mayor endeudamiento por las pólizas de crédito firmadas y agotadas. Esta situación se agrava además por los recargos que deberemos pagar al haber aplazado las cotizaciones a la Seguridad Social, el IRPF y los intereses de nuevos préstamos que muchas veces ya no nos dan. Todo esto nos ha conducido a deber a nuestros trabajadores varias nóminas, a no poder prestar todos los servicios para las personas con discapacidad, a deber a proveedores e incluso a vernos en puertas de tener que cerrar los centros de atención a personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad y sus familias, los profesionales y voluntarios, los dirigentes y la sociedad que nos respalda queremos decir:
– Que las dificultades no son nuevas para nosotros, nos hemos enfrentado a ellas y las hemos superado, desde nuestro nacimiento y seguiremos haciéndolo.
– Que las personas y las organizaciones que formamos el sector de la discapacidad somos las primeras que estamos arrimando el hombro en esta crisis, poniendo un esfuerzo extra, sacrificándonos para que no afecte a nuestra gente, y para cumplir con una responsabilidad que corresponde en última instancia al Estado, y que éste nos ha derivado.
– Que vamos a permanecer unidos en estas circunstancias de extrema dificultad.
– Que vamos a decir, alto y claro, que los recortes e impagos suponen una flagrante vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
– Que lo que reclamamos, no es sólo dinero, es una cuestión de derechos, de inclusión social, de igualdad de oportunidades… En definitiva, de ciudadanía para nosotros y para el resto de colectivos en riesgo de exclusión con los que nos solidarizamos.
– Que no estamos dispuestos a abandonar nuestra reivindicación: corremos el riesgo de retroceder décadas, de acabar con todo lo conseguido tras vidas enteras de trabajo, reivindicación y esfuerzo, y volver a ser ciudadanos de segunda. Que tenemos millones de razones para continuar. No vamos a permanecer impasibles mientras una sola persona con discapacidad se encuentre en una situación que le aboque a la marginación o a la pobreza.
– Que nuestra reivindicación es tarea de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque la sociedad que queremos es una sociedad de personas, una sociedad más justa y solidaria para todas ellas. Por todo ello, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para que se unan a nuestra reivindicación.
No podemos aguantar más la situación de impago de la Generalitat y exigimos:
- El pago inmediato a todos los centros y servicios del sector de la Discapacidad por parte de todas las Consellerias que nos adeudan, Bienestar Social, Sanidad, Educación, Empleo…
- Un plan extraordinario por parte de la Generalitat Valenciana para financiar a nuestras entidades, que con calidad, transparencia, austeridad y exigencia científica prestan y desarrollan una función social.
- El cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Generalitat, así como las leyes y órdenes que le competen.
- No podemos rebajar los actuales estándares de calidad en la prestación de servicios, traducidos en ratios de personal y módulos económicos, pues de lo contrarios no sería posible cubrir las necesidades que las personas a la que atendemos presentan, produciéndose no solo una falta de avance, sino un doloroso retroceso, reflejo de la grave injusticia que supondría no garantizar estos apoyos.
En la prensa: El País, Levante, Las Provincias.
